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Obama rectifica y restablece los tribunales de Guantánamo

Hay dos Guantánamo. Uno es la prisión física en la base militar en la isla cubana. El otro es el sistema legal, contrario a la Convención de Ginebra y gravemente lesivo con los derechos de los prisioneros, que construyó la Administración de George Bush.

 En contra de los dos Guantánamo se había pronunciado Barack Obama como candidato y como presidente de Estados Unidos.

El mismo 20 de enero ordenó detener las comisiones militares, esos tribunales que no son federales ni cortes marciales ideados a medida de los capturados en Afganistán e Irak y que Obama consideraba “defectuosos”.

Poco después el presidente anunció el cierre de la prisión en 2010. Sin embargo, ayer la Casa Blanca dio el visto bueno a la reanudación de las comisiones militares con algunas mejoras en los derechos de los detenidos.

Así, si las comisiones de Bush aceptaban las declaraciones tomadas bajo tortura y las pruebas indirectas (como las declaraciones de testigos que no vieron al acusado cometer el delito), las nuevas reglas de las comisiones de Obama eliminan algunos de estos abusos pero se quedan cortas al ofrecer a los prisioneros las protecciones legales de las que dispondrían en un tribunal civil.

Así, se restringirán las pruebas indirectas, se prohibirán las que se consiguieron mediante tratamiento cruel, inhumano o denigrante, se dará a los acusados más libertad para elegir abogado militar, se les protegerá de sanciones si no testifican y los jueces militares establecerán la jurisdicción de sus cortes.

Poco, muy poco para las organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en sus siglas en inglés), que se sienten cuanto menos traicionadas por la decisión del presidente. “No se puede andar remendando un sistema que es esencialmente injusto”, dijo AI en EEUU en un comunicado.

“Es decepcionante que Obama pretenda revivir y no acabar este fallido experimento”, declaró Jonathan Hafetz, abogado de la ACLU. “No hay ningún detenido en Guantánamo que no pueda o no debiera ser juzgado en un sistema normal de cortes federales”, añadió Hafetz. Ese, el de si los presos de Guantánamo pueden ser juzgados en el sistema civil, es el quid de la cuestión.

El miércoles, el fiscal general de EEUU, Eric Holder, compareció ante el Congreso y dividió a los 241 presos que quedan en Guantánamo en tres grupos: aquellos que “probablemente ya no suponen una amenaza para EEUU y que pueden ser liberados o transferidos a la custodia de otros países”; aquellos que EEUU optará por procesar en tribunales federales, y los que por un lado son “demasiado peligrosos para ser liberados” pero que por el otro ofrecen “dificultades insalvables” para ser juzgados en un tribunal civil.

¿Cuáles son estas dificultades? La forma en que fueron capturados, o la manera con la que se ha logrado información contra ellos, o el simple hecho de que no hay cargos formales presentados contra ellos.
Todo ello hace que en el sistema judicial civil los prisioneros probablemente acabarían siendo liberados por los gravísimos defectos de forma con los que se ha atentado contra sus derechos. Se calcula que una veintena de presos pueden ser juzgados de este modo. En este sentido, la Administración de Obama es víctima de la herencia que recibió de la Administración Bush y de cómo esta gestionó el asunto.

Ahora bien, es Obama el que carga con el peso político de haber cambiado de opinión. Es cierto que oficialmente nadie de su Administración dijo que las comisiones militares no regresarían, pero también lo es que Obama siempre ha dicho que se oponía a ellas. Y que cerrar Guantánamo no significa destruir la prisión, sino acabar con el limbo legal en el que la anterior Administración colocó a los capturados en Irak y Afganistán. Y es que, como dicen las organizaciones de defensa de derechos humanos, los presos tienen derechos, todos, no más o menos.

Antes, la decisión de Obama de bloquear la publicación de fotos de malos tratos lo ha puesto en el punto de mira de la izquierda, mientras la derecha –con un Dick Cheney más locuaz que cuando era vicepresidente– también lo ataca pero por motivos contrarios.

Las comisiones militares, creadas por el Congreso en 2006, solo han contemplado tres casos. Se trata de Salim Hamdan, chófer de Osama bin Laden que fue condenado a cinco años de prisión; Alí Hamza Ahmad al Bahlul, propagandista de Al Qaeda sentenciado a cadena perpetua, y David Hicks, el talibán australiano, quien tras pasar cinco años en la prisión se declaró culpable de apoyo al terrorismo a cambio de cumplir nueve meses de condena en Australia.

Al tomar posesión oficial de su cargo, el 20 de enero de este año, Obama ordenó detener las comisiones militares, lo que dejó paralizados algunos procesos que ya estaban en marcha. El más destacado es el de Jalid Sheij Mohamed, confeso cerebro del 11-S entre otros muchos cargos. Según los informes desclasificados, Mohamed fue sometido a la simulación del ahogo hasta en 183 ocasiones en marzo de 2003.


(www.xornal.com)

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