• Publicado por: lena campos
• • Sociedad
• 05 / 29 / 2013

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El juicio contra dos ejecutivos de alto rango de una empresa de inversión británica que operaba en Cuba está programado para el jueves, según fuentes cercanas a los acusados, como parte de una ofensiva gubernamental sin precedentes contra la corrupción en la isla que ha involucrado a empresarios extranjeros.

El director ejecutivo de Coral Capital Group Ltd, el ciudadano británico de origen libanés Amado Fakhre, enfrenta varios cargos de soborno relacionados principalmente a negocios de importación, en el segundo juicio en una semana a ejecutivos extranjeros radicados en la isla.

El jefe de operaciones Stephen Purvis, quien dirigió varios proyectos de inversión, se enfrenta a cargos menores, como operar fuera de los límites de la licencia, según informaciones.

Fakhre está encarcelado desde que las oficinas de la empresa fueron ocupadas y cerradas por la policía en octubre de 2011. Purvis fue arrestado y encarcelado en marzo de 2012.

"Estamos proporcionando asistencia consular a ellos y sus familias y un funcionario consular va a asistir al juicio", dijo un diplomático británico.

El juicio no ha sido comentado en los medios de comunicación del país, todos estatales.

Coral Capital era uno de pocos fondos de inversión extranjeros en Cuba. Se vio envuelto en una redada en sectores del comercio internacional de Cuba, como parte de una amplia ofensiva contra la corrupción impulsada por el presidente Raúl Castro, quien reemplazó a su enfermo hermano Fidel en 2008.

En septiembre de 2011 las autoridades cerraron una de las empresas comerciales occidentales más importantes de Cuba, el Grupo Tokmakjian con sede en Canadá, después de hacer lo mismo en julio a la empresa comercial canadiense Tri-Star Caribbean.

El juicio a puerta cerrada de Sarkis Yacoubian, originario de Armenia y propietario de Tri-Star Caribe, se celebró la semana pasada. Uno de los asociados de Yacoubian, el ciudadano libanés Krikor Bayassalian, fue el otro acusado.

Ambos empresarios afrontaron cargos ​​de soborno, evasión fiscal y por causar daños a la economía nacional.

Si el tribunal confirma su culpabilidad, se espera que la sentencia se emita dentro de una semana aproximadamente.

"Los arrestos están dirigidos a sacudir el árbol para encontrar a funcionarios y compradores cubanos corruptos", dijo un experto local en las empresas estatales, que pidió que su nombre no sea utilizado.

Decenas de funcionarios y empresarios cubanos habrían sido detenidos, juzgados y condenados en la ofensiva contra la corrupción emprendida por Castro.

Otros extranjeros y cubanos que trabajaban para las tres empresas extranjeras seguidas por corrupción están libres, pero no pueden salir de la isla por ser considerados como testigos en los casos.

No fue posible contactar a funcionarios y abogados de los acusados ​​cubanos para que hicieran comentarios.

Medios de comunicación estatales de Cuba aún no ha informado sobre los procesos judiciales en curso, ni han mencionado las detenciones y el seguimiento sobre el comercio exterior.

UN PROBLEMA SISTÉMICO
"Si el Gobierno cubano pretende que las sanciones sirvan como una disuasión eficaz a la corrupción -y no como disuasión a la inversión extranjera legítima- debería aclarar la naturaleza exacta de las supuestas infracciones y hacer el proceso legal más transparente", dijo Richard Feinberg, experto del Brookings Institution y autor de estudios sobre la economía de Cuba.

Los arrestos no tienen precedentes en Cuba, donde los empresarios extranjeros sospechosos de corrupción solían ser deportados casi siempre, y la medida ha sido vista como parte de la determinación del presidente Castro de acabar con la corrupción que cataloga como una amenaza para el socialismo cubano.

Pero observadores consideran que las medidas judiciales por sí solas conseguirán pocos avances.

"El cambio real no sólo significa la búsqueda de acciones de cumplimiento, sino también de controles internos significativos a los funcionarios cubanos con discrecionalidad en la contratación y de la concesión de licencias de actividad empresarial", dijo José Gabilondo, profesor de derecho en la Universidad Internacional de Florida.

"A estos funcionarios se les paga poco y encaran la enorme tentación de tomar atajos por el bien de ellos y sus familias", agregó.

La empresa Coral Capital, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en 1999, era muy conocida en Cuba por ser su socio conjunto en la operación del exclusivo Hotel Saratoga en La Habana y en otro complejo hotelero en el sector turístico de Cayo Coco.

La empresa también tenía planes de construir campos de golf y otras inversiones inmobiliarias cercanas a La Habana, para lo que estaba buscando capital.

Su fondo de inversión también se diversificó en la financiación del comercio y la importación de maquinaria pesada y otras mercancías, lo que pudo causarle problemas en lugar de sus empresas de bienes raíces, dijeron fuentes comerciales extranjeras.

La empresa representaba a varias marcas internacionales en Cuba, entre ellas Liebherr Earth Moving, Yamaha Motor Corporation y Peugeot Motorcycles Peugeot, según su desaparecido sitio en internet.

El sitio decía que Coral Capital ha invertido unos 75 millones de dólares en Cuba, con más de 1.000 millones en proyectos de obras.